Una Colombia en paz con el medio ambiente

Desarrollo y conservación en el postconflicto

Por Pablo José Negret (University of Queensland, Australia) y Cristina Gómez Garcia-Reyes (Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia).

Figura 1. Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi-Wasi – Caquetá, Colombia

Figura 1. Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi-Wasi – Caquetá, Colombia

Colombia es uno de los países más biodiversos en el mundo con un estimado del 10% de la biodiversidad global dentro de su territorio. Con las tres cordilleras de los Andes, las regiones de la Amazonia, Orinoquia, Chocó, y dos océanos, el país presenta unas condiciones únicas para la proliferación de formas de vida. Sobre este escenario de remarcable biodiversidad, Colombia avanza en la resolución de uno de los conflictos armados más antiguos de América Latina, con una duración de más de cincuenta años, que ha afectado de diversas maneras su riqueza biológica.

El pasado 12 de noviembre de 2016 se firmó el “Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Sostenible y Duradera” entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC. A raíz de dicho acuerdo, se han diseñado programas y políticas que buscan garantizar la presencia del Estado y una construcción de nación en lugares donde históricamente no ha existido intervención pública. Este paso hacia el fin del conflicto se enmarca en la búsqueda de un desarrollo social y económico con equidad y justicia social, y en la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo como meta esencial de un país en paz.

La construcción de la paz en Colombia implica un reto en diversos ámbitos, y una responsabilidad especial para el sector ambiental. Esta coyuntura significa una oportunidad para viabilizar modelos sostenibles a través de la incorporación de consideraciones socioambientales en la planificación e implementación de los acuerdos. Desconocer ese aspecto podría conducir a impactos irreversibles del patrimonio natural del país y al fracaso económico y social de muchas de las intervenciones que se implementen.

Una de las consecuencias más palpables del conflicto armado en Colombia ha sido el despoblamiento y aislamiento de diversas zonas debido al riesgo que implica para los habitantes permanecer en las mismas durante periodos de conflicto intenso. Este despoblamiento y aislamiento ha tenido repercusiones negativas en términos sociales como el fracturamiento de los sistemas productivos, el debilitamiento de las cadenas comerciales, y un aumento en la pobreza y el crimen en los centros poblados y ciudades. En términos ambientales ha derivado paradójicamente en la conservación y regeneración de ecosistemas en ciertas áreas en conflicto. Pero esta interacción entre conflicto armado y medio ambiente puede tener diferentes efectos, no siempre positivos.

En muchas de las zonas de dominio de los grupos armados se desarrollan actividades informales e ilegales de minería, siembra de cultivos de uso no lícito y tráfico de fauna, que tienen efectos negativos sobre la biodiversidad. Así mismo, en estos lugares se ha restringido el desarrollo de la investigación científica, lo que ha generado vacíos de información sobre el estado de especies, comunidades y ecosistemas. Esta falta de conocimiento detallado puede conducir a desatenciones de condiciones ambientales especiales, resultar en nuevas afectaciones a ecosistemas estratégicos y/o vulnerables, o en la ejecución de acciones de conservación poco efectivas e inclusive ineficientes, derivando así mismo en la afectación de la biodiversidad.

Hoy en día, la riqueza natural de las zonas en conflicto ofrece una serie de posibilidades para dinamizar las economías rurales en el marco de uno de los puntos consignados en el Acuerdo Final: la Reforma Rural Integral, que busca impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país. Una verdadera transformación estructural del campo requiere adoptar medidas que promuevan el uso adecuado de la tierra con base en su vocación y a la luz de un ordenamiento socio-ambientalmente sostenible del territorio. Es probable que esta Reforma conduzca a un cambio rápido en el desarrollo de la agricultura y las actividades extractivas en zonas anteriormente aisladas por el conflicto, un fenómeno observado en otros países que recientemente han superado el conflicto armado como Camboya y Liberia. Este proceso de cambio, que se espera sea positivo para la sociedad colombiana, puede tener graves consecuencias para el medio ambiente si no cuenta con una adecuada planificación. Es necesario considerar los aspectos físicos y ambientales que limitan y determinan el uso del suelo, así como considerar el ecoturismo, la bioprospección y el pago por servicios ambientales como estrategias de desarrollo local sostenible que integren los modelos productivos con la valoración del patrimonio cultural y ambiental del país. Esto significa discernir que lo rural no es únicamente lo agropecuario, y que desde lo ambiental se presentan oportunidades concretas para dinamizar las economías y los modos de vida locales, validando conocimientos propios y fortaleciendo modelos asociativos para la diversificación de la producción rural y la construcción de territorios viables y en paz.

Figura 2. Cultivo de coca y vía informal – Sur de Bolívar, Colombia

Figura 2. Cultivo de coca y vía informal – Sur de Bolívar, Colombia

Es también fundamental reconocer en este marco que la conservación va más allá de las áreas protegidas. El uso y la gestión sostenible de los ecosistemas al interior de las unidades productivas campesinas y en la matriz del paisaje en donde estos se encuentran inmersos, es un componente necesario que permite reconocer el valor de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos dentro de la planificación, el ordenamiento, y los modelos de ocupación de los territorios. Se trata entonces de asumir dentro de un mismo frente de desarrollo la gestión social, productiva y ambiental de la mano de entidades, institutos de investigación, universidades, organizaciones y comunidades, en un panorama de corresponsabilidad y cooperación que marque las pautas de transformación del campo en Colombia.

El final de un largo y trágico conflicto armado en Colombia es, además de motivo de celebración, un reto mayor para los colombianos y la comunidad internacional. Se debe buscar que la apertura inminente de nuevos desarrollos territoriales se constituya en un escenario positivo, que no genere conflictos sociales ni degradación ambiental. Como se mencionó anteriormente, la relación en algunos casos positiva entre cobertura de bosque e intensidad del conflicto armado está cambiando en Colombia.

Miles de kilómetros que actualmente están bajo el control de grupos armados ilegales paulatinamente se están volviendo accesibles para industrias enmarcadas en nuevas proyecciones de legalidad. La herencia natural de Colombia, remarcable incluso a nivel global, implica la responsabilidad de planear un desarrollo económico que no vaya en detrimento del ambiente natural por efecto de la implementación de programas y proyectos. Lo anterior no significa dejar intactas todas las zonas marginales y marginadas de Colombia. Significa promover formas de desarrollo planificadas, que integren nociones y estándares de sostenibilidad, regulando usos y ordenando el territorio.

La formulación de un plan de zonificación ambiental para delimitar la frontera agrícola e industrial y controlar el uso de áreas que requieren manejo ambiental especial está considerada dentro de la política del post-acuerdo. Un plan de zonificación pobremente diseñado, y programas y políticas de gobierno desarticulados, puede resultar en un aumento en la deforestación, la creación de áreas protegidas ineficientes o residuales, y la perdida de áreas altamente biodiversas. Por el contrario, un plan de zonificación integralmente diseñado y con la coordinación entre las entidades y sus proyecciones, tiene el potencial de limitar el deterioro ambiental e incrementar la protección formal de las áreas naturales más insustituibles. La institucionalidad ambiental, de la mano de la comunidad científica colombiana, se deberá comprometer activamente en el desarrollo de esta planificación prioritaria del territorio que permita asegurar resultados positivos y duraderos para la biodiversidad de la nación. Colombia se encuentra frente a una valiosa oportunidad de implementar un proyecto de país sostenible sobre la marcha del posconflicto, y es preciso integrar conocimientos y esfuerzos para que sea a través de la planificación colectiva que se orienten acciones conducentes a un país en paz con el medio ambiente.

Más información: Pablo José Negret (p.negret@uq.edu.au).

Referencia

Negret, P. J., Allan, J., Braczkowski, A., Maron, M., Watson, J. E. M. (2017). Need for conservation planning in post-conflict Colombia. Conservation Biology: 1-6.

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